EDITORIAL

En el editorial anterior reflexionabamos acerca de los centro politicos para este año.

Hoy vamos a centrarnos en algunos de ellos. Lo primero es hacer mension que en cada uno ha sido protagonizado por miles de trabajadores de la construccion, esto que puede parecer menor es fundamental para cualquier proceso de transformacion real de la sociedad.

Como sindicato y como movimiento sindical, enfrentamos un momento que

presenta importantes desafíos. Los Consejos de Salarios, conquista

fundamental de nuestra clase, atraviesan un estancamiento que hace peligrar

acuerdos que avancen en materia salarial y de condiciones de trabajo del

conjunto de nuestra clase trabajadora. La realidad muestra una gran

intransigencia patronal, que intenta colocar un freno al avance del movimiento

obrero.

Pese a esto, nuestro movimiento sindical escribió una nueva página de lucha el

pasado 29 de octubre, donde bajo una lluvia persistente, miles de trabajadores

y trabajadoras demostramos que no hay impedimento climático que pueda

doblegar nuestra decisión de luchar. La concentración en la Universidad de la

República y la posterior marcha hacia el Palacio Legislativo fueron una

expresión importante de que nuestra clase está movilizada y atenta al devenir

de los acontecimientos.

Mientras las negociaciones no avanzan, los salarios se rezagan y las

condiciones de trabajo se estancan, resulta una prioridad del movimiento

obrero que el salario real tenga un importante crecimiento y especialmente se

prioricen los salarios más sumergidos: es una vergüenza que sigan existiendo

alrededor de 550.000 personas que ganan 25.000 pesos o menos.

Además, la movilización también fue escenario para fortalecer otra propuesta

clave: el tributo del 1% a las grandes fortunas. En un país donde la pobreza

infantil requiere acciones urgentes e impostergables, es imprescindible que

paguen más los que tienen más, para alivianar la carga a los trabajadores, los

pequeños comerciantes, los productores familiares y todos aquellos que

vivimos de nuestro trabajo. Esta iniciativa, que conecta con debates que se

están dando en todo el mundo, busca generar recursos específicos para atacar

problemas estructurales, complementando la lucha por mejores salarios.

La batalla por el presupuesto nacional fue otro eje fundamental de nuestro

reclamo. Reclamamos que se prioricen urgencias que no pueden esperar, que

se cumpla con lo prometido en materia educativa -particularmente de la

UDELAR- de salud y de vivienda y que se priorice la lucha contra la pobreza

infantil y se revitalicen importantes políticas sociales que fueron abandonadas

por el último gobierno nacional.

Se fortalece la iniciativa del 1% para combatir la pobreza infantil y la desigualdad

En el reciente decimoquinto congreso de nuestro PITCNT, la clase

trabajadora ratificó que el modelo de la desigualdad es el principal problema

social que tranca el acceso de las grandes mayorías a una vida digna, con

trabajo, salario y bienestar integral para todas las familias del país.

Ese modelo es la expresión histórica de la forma que adquieren las relaciones

capitalistas en un país y en un región como la nuestra, caracterizada por la

dependencia económica, la primarización productiva y la subordinación a los

centros de poder mundial del sistema capitalista.

La acumulación de fuerzas, desarrollada a través de la organización y la

lucha de clases, es un eje central y necesario para la superación estructural del

modelo de la desigualdad. Bajo esa brújula estratégica el movimiento sindical

fue estableciendo mojones para avanzar en esa acumulación.

Allí se encuentran, entre otros componentes, la estrategia de desarrollo

nacional, la reducción de la jornada sin pérdida de salario real, la participación

en el proceso del dialogo social por una nueva seguridad social pública, estatal,

solidaria y sin lucro, y declarar la pobreza en las infancias y las adolescencias

como emergencia nacional.

La pobreza infantil es un drama nacional de enorme calado histórico y de

repercusiones altamente negativas en el desarrollo individual y social. La

pobreza infantil golpea de lleno a la clase trabajadora, en tanto los niños y las

niñas que están en esas circunstancias de deprivación de derechos, viven en

hogares con adultos que están por debajo de la línea de la pobreza. Esos

adultos son clase trabajadora sin trabajo o con ingresos tan bajos que no se

pueden asegurar el piso mínimo de acceso a bienes y servicios.

Es por eso que, para el movimiento sindical, la lucha contra la pobreza infantil

es una lucha humanista y en defensa de su propia clase, entendiendo que la

exclusión social no es el resultado de la mala suerte o de decisiones

individuales desacertadas, sino la consecuencia ineludible de un sistema

económico que acumula y concentra la riqueza social en cada vez menos

manos, al mismo tiempo que excluye y empobrece a las grandes mayorías.

En los últimos 30 años la pobreza infantil en Uruguay nunca dejo de ser

entre dos veces, y una vez y media mas grande que la pobreza promedio de

los adultos. Durante ese ciclo histórico el país atravesó coyunturas económicas

de alto crecimiento económico y también gobiernos de diferentes procedencias

electorales y con intereses diferentes.

Sin embargo, nunca se logró erradicar la pobreza en las infancias.

La teoría de que primero se necesita crecer económicamente para luego

repartir, o peor aún, la teoría del “derrame”, es absolutamente impotente para

explicar la continuidad de la pobreza infantil en Uruguay.

Es más, en el último quinquenio, donde el país estuvo bajo el gobierno de la

derecha defensora del mercado, la economía nacional creció en el entorno de

un 6,4%. Sin embargo, la pobreza infantil no solo no se redujo sino que avanzo

en más de tres puntos. Hoy en día, la pobreza infantil afecta a mas del 32% de los niños y niñas del país. Es una realidad insoportable.

La propuesta de gravar con un 1% al 1% más rico de la sociedad, es la

alternativa programática concreta que levanta el movimiento sindical,

acompañado por las fuerzas aliadas de la intersocial y por sectores amplios de

la academia nacional, para- en un escenario de fuertes restricciones

presupuestales-conseguir los fondos necesarios para evitar que los niños y

niñas de nuestra clase, sigan pagando las consecuencias más salvajes de la

desigualdad que produce el sistema.

La propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad fue aprobada en la

Mesa Representativa del PIT-CNT del mes de noviembre, tras el trabajo de una

comisión interdisciplinaria que se formó tras la convocatoria de la clase

trabajadora organizada.

Este documento le da un armado programático a tres cosas: a la idea del

gravamen al 1%, a la forma de gestionar los recursos conseguidos y señala

también algunos de los componentes principales de por donde debe ir la

inversión social para el logro del objetivo.

La propuesta que aprobó la mesa representativa no implica la creación de un

nuevo impuesto. Así, esta cuestión de que no se pueden crear nuevos

impuestos, que se ha señalado reiteradamente como una especie de obstáculo

para avanzar en algo en materia de justicia tributaria, cae por su propio peso.

La propuesta del cobro de un tributo del 1% al 1% mas rico de la sociedad, no

necesita que se vote un nuevo impuesto. Basta con la modificación de un

impuesto que ya existe en el país desde hace décadas: el impuesto al

patrimonio de las personas físicas (IPPF).

La forma concreta que adquiere esta modificación al IPPF, es la creación de

una sobretasa progresiva sobre un mínimo no imponible de un millón de

dólares en patrimonio personal. El 99% de la población, que además no toda

paga el impuesto al patrimonio, no tendrá ninguna modificación en el monto

que actualmente paga, que es del 0,1%. El resultado práctico de esa forma de

aplicación, dirigida y concentrada únicamente al 1% más rico de la sociedad, es

que no hay aumento de la presión tributaria para el país. De este modo, el

relato que se reitera desde las trincheras conservadora, de que Uruguay no

puede soportar más impuestos, se derrumba como un castillo de naipes. Este

gravamen no aumenta la presión tributaria del país, solo la hace al 1% y de

modo muy modesto.

La base gravable del impuesto no afecta las actividades productivas, sino la

riqueza atesorada. Este es otro argumento letal contra los que salieron con euforia acerca de la propuesta de la clase trabajadora, que de modo apresurado salieron a

cuestionar la propuesta por los impactos que pueda generar en la inversión.

Por la forma que fue pensada la iniciativa, el gravamen recae directamente en

el patrimonio improductivo que acumulan y concentra el 1% de la población

adulta (residentes y no residentes).

 La valuación de bienes de personas físicas (y sucesiones indivisas) que

constituye la base de aplicación de la sobre tasa es la siguiente:

– Bienes inmuebles acumulados por la persona, con tratamiento diferencia para

la casa en la que efectivamente habita la persona. De este modo lo que afecta

el impuesto fundamentalmente es la acumulación de casas-apartamentos, etc.

– Bienes muebles acumulados, particularmente todo los medios de transporte

bajo propiedad (autos, aviones, yates, etc).

– Las distintas formas de atesoramiento monetario (depósitos, joyas, acciones,

bonos, etc.).

– Todo otro bien, derecho u objeto que integre su patrimonio, deberá

considerarse a los efectos del patrimonio gravado, por su valor de mercado,

siempre que dicho bien o derecho, considerado de forma individual, tenga un

valor superior al 10% del monto mínimo no imponible.

La acción impositiva propuesta recae en residentes fiscales nacionales y

extranjeros que tengan su patrimonio en el país y los bienes de los residentes

fiscales nacionales que tengan bienes en el exterior.

 En el caso de la tierra, se establecen medidas tendentes a no cargar sobre

la actividad productiva tanto como sobre la renta de la tierra.

Para afianzar la eficiencia y eficacia del cobro del impuesto, y más tomando

en cuenta la enorme capacidad evasiva y elusiva d ellos sectores que

concentran riqueza, el documento propone la creación de una unidad

especializada en el seguimiento de los contribuyentes con grandes riquezas

acumuladas. Esta unidad funcionaría dentro de la estructura general de la DGI.

A los efectos de garantizarle a la ciudadanía que los fondos solo se utilizarán para

implementar un plan de erradicación de la pobreza infantil, la Sobretasa del IPPF

estaría sujeta a afectación, volcando los recursos a una institución que será

definida por el Consejo Nacional de Políticas Sociales en consulta con el

Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la

Adolescencia, asegurando que el destino de lo recaudado este destinado

estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con

niños. niñas y adolescentes.

Todas estas luchas requieren de un pueblo movilizado y consciente, que

siendo solidario con quienes están peor y defendiendo sus intereses, puedan

torcer el rumbo a favor de las grandes mayorías nacionales, que esperan con

expectativas cambios que no pueden esperar.

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